QUE VIENE EN EL DERECHO LABORAL EN EL 2011

Quedan pocos días para llegar a fin de año y, a la hora de hacer un balance respecto de los principales temas laborales que fueron foco de debate parlamentario y los que marcarán la agenda de 2011, nada mejor que la voz del diputado oficialista Héctor Recalde.



En una entrevista , quien también es asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), adelantó cuáles van a ser los proyectos prioritarios que tratará la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que preside, ni bien termine el receso estival.



Como una cuestiones prioritarias, el diputado destacó la reforma a Ley de Riesgos del Trabajo, el estatuto para empleadas de casas particulares, la tercerización y como frutilla del postre señaló el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas.



Cambios en materia de riesgos del Trabajo

Si hay una problemática que reclama a gritos cambios es la Ley de Accidentes de Trabajo y el rol que deben ocupar dentro del ámbito empresarial.



Al respecto, Recalde anticipó: "Hay proyectos avanzados, estamos esperando una decisión del Ejecutivo en algunos temas específicos que son los que impidieron que haya avances", señaló Recalde.



El diputado fue tajante al destacar que, en esa línea, lo importante es la convicción que tiene la CGT de ir hacia adelante. Sucede que, tras los fallos de la Corte Suprema de 2004, en los que el máximo tribunal declaró inconstitucional sus aspectos fundamentales, dicha norma quedó herida de muerte.



A partir de entonces, las cuestiones vinculadas con asegurar a un empleado y la real cobertura que la empresa obtiene de su ART comenzaron a navegar en un mar de incertidumbres.



El Gobierno convocó, en varias oportunidades, a empresarios y sindicatos para consensuar los cambios necesarios, con el fin de dar un nuevo marco al sistema. Ante la falta de acuerdos, en noviembre de 2009, mediante un decreto (1694/09)el Ejecutivo optó por establecer un nuevo piso indemnizatorio de $180.000 a los efectos del cálculo de reparación por accidentes.



Sin embargo, aún existen dos cuestiones clave pendientes de resolución, que mantienen en vilo a todos los hombres de negocios:



•Una de ellas tiene que ver con la doble vía. Esto es que el empleado pueda ser resarcido por la ART y, a su vez, si el monto pagado no cubre sus necesidades, éste mantenga la puerta abierta para iniciarle a la compañía una demanda civil para reclamar un monto adicional.

•La otra está vinculada con los accidentes in itínere. Es decir, si el empresario debe hacerse cargo, o no, de los accidentes que pudiera sufrir el empleado en su camino al trabajo.

Es así como la actual normativa quedó sumamente difusa.



En definitiva, la situación de hoy en día no convence a los empresarios "porque a pesar de contratar una aseguradora quedan igualmente expuestos a las demandas judiciales de los dependientes accidentados", ni tampoco a los trabajadores, porque no obtienen una respuesta concreta que les permita hacer frente a sus problemas, de manera integral, y por ello tienen que recurrir a la vía judicial.



En este sentido, Recalde remarcó que hay puntos de disidencia que hacen a la seguridad jurídica como, por ejemplo, si el trabajador tiene el derecho o no de ir a la Justicia.



Así, explicó que si existe una buena prevención y una justa reparación, al trabajador se le hace innecesario recurrir a tribunales.



En tanto, con respecto a si se mantendrán las aseguradoras, el diputado dijo que, por ahora, en el proyecto de la CGT siguen en pie, pero reconoció que hay iniciativas para transformarlas en mutuas.



"Yo soy un diputado oficialista, por el momento no se si el Ejecutivo va a presentar un nuevo proyecto o no, pero que va a salir una nueva ley: eso seguro".



Con las ART hay una contradicción originaria, y es cómo compatibilizar el lucro con la seguridad jurídica. Cuanta más prevención, más seguridad y menos lucro.



Por otra parte, en cuanto a la mencionada ley de riesgos, el legislador destacó que aún resta por debatir el tema de la previsibilidad. "En el país hay actuarios, uno puede estimar todo, hacer trabajo de campo, ver que pasó en los juicios", agregó.



Vale remarcar que, por ejemplo, las hernias, las desviaciones de columna, causadas por el trabajo, no están contempladas y que en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el promedio de enfermedades es el 38% y en la Argentina 2%".



En este escenario, Recalde planteó: "¿Por qué cualquier habitante del país puede ir a la Justicia y el trabajador no?".



"No hay que alentar los juicios", dijo Recalde, y sostuvo que la forma de hacerlo, es pagando indemnizaciones miserables. "Esto se tiene que terminar", remarcó.



Participar en las ganancias de la empresa

"Con el fin de preservar la calidad institucional y la seguridad jurídica, vamos a consagrar en 2011 el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas", enfatizó el diputado.



"Que el sector empresario tome nota de que somos fieles esclavos de la Constitución Nacional", agregó.



Ocurre que Recalde es autor del proyecto que ingresó en septiembre a la Cámara de Diputados y que busca obligar a las empresas a participar a los trabajadores de sus ganancias, siempre que empleen más de 300 personas. No obstante, en el futuro, se incorporarían también aquellas que no alcanzaran ese número.



La fundamentación de la iniciativa pasa principalmente por su referencia al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1957.



"No tengo ninguna duda que hay consenso", indicó el asesor de la CGT.



"Nosotros hicimos consultas y fue muy valiosa la información que recibimos y los aportes que hicieron, aunque hubo algunas ausencias", indicó, en referencia a la Unión Industrial Argentina que no participó de los encuentros.



El diputado explicó que "no se trata de co-gestión, sino de información" y señaló que no se trata de que "no se confíe en lo que dice la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sino que hay un problema estructural del Estado en controlar cualquier materia, que no es de este Gobierno, sino que viene arrastrándose desde hace tiempo".



"La AFIP no da a abasto, por eso existen hoy 4,5 millones de empleados en negro", consignó el legislador.



Recalde remarcó que hay un capítulo específico del trabajo en negro del cual "es bueno difundir su contenido, para trabajar sobre base cierta".



Recalde aseguró, además, que este proyecto "no va a generar desempleo" y remarcó que, de ninguna manera es "inoportuno" y que en ningún caso está previsto que un legislador, antes de redactar una iniciativa tenga que consultar al sector empresario, respondiendo así a las críticas que recibió de parte de las cámaras empresariales.



Empleados de casas particulares

Con relación a las iniciativas que están más próximas a ser sancionadas, Recalde precisó que "el proyecto más avanzado es del Estatuto para trabajadores de casas particulares".



Y, advirtió que con esta propuesta parlamentaria "salimos de un sistema semi feudal, de la época de la dictadura, para consagrar un derecho humano esencial, no importa cuál sea la tarea a la que se dedique un trabajador".



En ese sentido, el asesor de la CGT aseveró que este estatuto, que envió el Ejecutivo, es muy importante para lograr la inclusión social.



"Los trabajadores tienen que tener los mismos derechos, pero hay que distinguir entre los empleadores porque es obvio, ya que, estadísticamente, la mayor cantidad de personas que contratan a trabajadoras son mujeres. En muchísimos casos, estas empleadoras son, a su vez, trabajadoras", agregó.

"En esta legislación, damos una serie de compensaciones a la trabajadora que se convierte en empleadora. Pero, anticipándonos y para evitar fraudes, hablamos del ingreso del grupo económico", explicó.




A modo de ejemplo, el diputado señaló que si la señora del doctor Biolcatti contrata a una empleada doméstica y no tiene ningún ingreso, pero el grupo familiar si lo tiene, con este estatuto se va a tratar de evitar que haya un mal uso.



La tercerización

"Vamos a insistir en tratar los proyectos que están en el Congreso para dar fin al flagelo de la tercerización", aseguró.



Las compañías "tienen que hacerse responsables de las subcontrataciones. La ley exige a las empresas principales que subcontratan que sean responsables solidarias de los incumplimientos de sus subcontratistas", completó el legislador.



"El conflicto se termina cuando los ponen en blanco. Es muy difícil el combate contra esto, pero hemos logrado algunos éxitos. El gobierno de Cristina Kirchner no va a permitir la impunidad", agregó.



Y precisó que, en este tema delicado, lo difícil es fijar los límites de la responsabilidad.



"Se agudizó por la privatización de empresas públicas, donde se maximizaron ganancias a costa del trabajo en negro. El tema es hasta dónde llega la extensión de responsabilidad, ahí es donde hay que tener cuidado", advirtió.



Su propuesta busca restablecer los presupuestos originarios de la Ley de Contrato de Trabajo, "fijando la responsabilidad solidaria del empresario principal en todos los supuestos de contratación y subcontratación".



La iniciativa que presentó Recalde tiene despacho de comisión pero el legislador señaló que, hasta que se trate en el recinto, puede cambiar.



A modo de cierre, indicó que hay 120 proyectos laborales presentados por él mismo, en espera de tratamiento en Diputados.



Todo lo que no se debata se vuelve a ingresar, uno tiene convicciones, enfatizó, y agregó que este año la oposición trabó mucho. "Uno es padre de todos sus hijos", concluyó