MODIFICACION LEY DE QUIEBRAS - DOS OPINIONES

El ministro de Economía Amado Boudou defendió este jueves el proyecto de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras presentado por el Poder Ejecutivo y afirmó que "apunta al cuidado de puestos de trabajo".




Al participar de una reunión de las Comisiones de Legislación General y Legislación del Trabajo y Justicia de la Cámara baja, donde se explicaron los alcances de la iniciativa, el funcionario agregó que la mayor novedad radica en "la conformación de cooperativas de trabajo para la autogestión de las firmas".



"El proyecto que estamos proponiendo tiene como principal modificación la posibilidad institucionalizada del ingreso de las cooperativas de trabajadores para lograr la disolución de empresas", enfatizó.





Además, con la iniciativa existirá "la posibilidad de utilizar algunos créditos de origen laboral que tienen los trabajadores y se le daría un fuerte impulso a la dinámica económica ya que muchas empresas contarían con una nueva configuración desde el punto de vista administrativo y financiero".



El Ministro recordó que "el año pasado se presentaron 318 concursos y se decretaron 1.084 quiebras y, este año, fueron 150 concursos y 488 quiebras. Esto tiene que ver con una problemática de la economía argentina que vale la pena ocuparse".



"Hasta el momento las soluciones fueron parciales a través de los movimientos de autogestión", ilustró el funcionario.



Respecto a la cantidad de trabajadores que ocupan estas autogestiones, Boudou indicó que “el 68% se encuentra en la franja de entre 11 y 50 trabajadores, el 18% entre 51 y 100 y el 10% hasta 10 trabajadores".



En cuanto a las actividades, afirmó que "un 22% son metalúrgicos; 19%, servicios; y 16%, alimentos".

OTRA OPINION

Es interesante conocer la opinión de uno de los especialistas mas importantes en quiebras, el Dr. JULIO RIVERA.



-¿Qué opina respecto a una reforma a la ley de quiebras?

-La reforma siempre va a ser parcial, va a tocar aspectos circunstanciales y no de fondo. Hay dos temas que en alguna medida pueden generar alguna preocupación mayor y son: la posibilidad de la continuación de la empresa a través de cooperativas de trabajo y el Acuerdo preventivo extrajudicial (APE). Sobre este último hay que definir si lo mantenemos o suprimimos y de optar por la primera opción tratar de ver cómo hacemos para mejorarlo.



-¿Puede dar su opinión respecto a las cooperativas?

-Puede hablarse de dos corrientes muy dileneadas en este sentido. Una es la que considera que en la quiebra hay que dar preferencia casi absoluta a los trabajadores para mantener la fuente de trabajo y por lo tanto darles posibilidad de continuar con el patrimonio cesante. Y otra que cree que no son eficientes estas soluciones, que sirven para pequeñas empresas y no para las que necesiten capital intensivo o un desarrollo tecnológico particular.



-¿A cuál de ellas adhiere?

-Son experimentos que a mi juicio terminan en el fracaso, porque los trabajadores organizados en cooperativas no tienen acceso al crédito, ni a nuevas tecnologías y son rápidamente superados por otros competidores que tienen por el contrario mayor penetración en el mercado con lo cual son soluciones parciales. No niego que en momentos de crisis muy profundas pueden ser una suerte de paliativo, pero no van a constituir realmente un mecanismo de fondo de recuperar las empresas insolventes.



-En este contexto, ¿qué ocurre con los otros acreedores?

-No hay que olvidar que existen otros acreedores que no son trabajadores que requieren también la protección de la ley de concursos y lo que sucede en la práctica es que para entregarle la propiedad de los bienes a la cooperativa de trabajo lo que se hace es dictar leyes de expropiación. Y, lo que ha sucedido en la práctica es que esas indemnizaciones no se pagan, sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde hay muchas leyes de expropiación de activos de empresas en quiebra incumplidas que se prorrogan periódicamente.



"Esto conduce a una situación de gran injusticia para los acreedores quirografarios -son los que no poseen garantías para el cobro de sus créditos- que ven privado el activo sobre el que reposa la posibilidad de recibir lo que les adeudan. No hay ningún bien que ingrese en reemplazo de ese activo, que debería ser la indemnización expropiatoria".



Rivera explicó así que no es una solución irracional en la medida que la quiebra supone siempre la liquidación de los activos porque de ello se cobran los acreedores, lo irracional es que las provincias expropien y no paguen, en estos casos los acreedores quedan con una expectativa ilusoria.



A modo ilustrativo, el abogado explicó una causa en la que intervino, el de la Compañía Azucarera Tucumana que tiene sentencia de la Corte Suprema del 21 septiembre de 1989. “Hace 21 años que intentamos ejecutarla y todavía no se consigue determinar el monto de la liquidación del crédito expropiatorio. No está de más decir que la constitución dice que la indemnización debe ser previa, acá hace más de 40 años que se expropiaron los activos y nunca se pudo cobrar”.



El Acuerdo Preventivo Extrajudicial

El APE nació en medio de la crisis en 2002 como una solución que se preveía para la insolvencia de las grandes empresas nacionales que estaban endeudadas en el extranjero en dólares y veían pesificadas sus tarifas y sus ingresos.



El abogado explicó que en realidad se generó casi como un mecanismo transitorio que debía ser mejorado -todos lo sabíamos- era una regulación casi esquemática, se buscaba una herramienta que resultara útil para estas empresas. Con el tiempo quedó en la ley tal cual estaba.



"Esto se prestó -en algunos casos- para maniobras poco felices, directamente ilícitas como la creación de pasivos falsos, la utilización de APE para perjudicar a cierto sector de los acreedores", contó Rivera.



Por suerte la acción de los tribunales lo limitó bastante, cabe destacar la gestión fiscal de cámara muy critica respecto del APE que investigó profundamente situaciones de acreedores inescrupulosos que pretendían valerse de estos mecanismos para perjudicar a sus acreedores.



Esto nos lleva a una disyuntiva: ¿hay que eliminarlo o mejorarlo para suprimir estos agujeros que tiene y que posibilitan maniobras ilícitas en perjuicio de acreedores?



“El APE bien regulado es una institución útil, otros países van en orientación de tratar de desjudicializar algunos procesos de insolvencia.Y por lo tanto creo que la oportunidad no es suprimirlo sino convertirlo en una herramienta más eficiente de lo que ha sido hasta ahora".



Rivera concluyó destacando que el APE "en el momento de la crisis, cumplió muy eficazmente con la función que se le había asignado".